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Pancho Sandoval

Nayarit

INVESTIGAN A LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO POR PRESUNTAMENTE COLUDIRSE CON COLABORADORES DE NEY, ROBERTO Y ANTONIO ECHEVARRÍA

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La Auditoría Superior del Estado (ASEN) tiene la facultad de presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado o cualesquier otra autoridad por hechos con apariencia de delito cometidos por servidores públicos. Así mismo cuando califica como faltas graves las observaciones contenidas en las diversas auditorías que cada año practican a los tres poderes del estado, organismos públicos descentralizados, UAN, UT, SSN, SEPEN, y otras entidades públicas, deberá remitir estos expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit para que disponga lo conducente y determine las sanciones que se impondrán a quienes cometieron violaciones graves en el ejercicio de su función como servidores públicos.

En el transcurso del tiempo la Auditoría Superior del Estado ha presentado ante el tribunal de justicia administrativa un sin número de expedientes, en los cuales se refiere a servidores públicos que en especial laboraron en los últimos dos sexenios y el cuatrienio anterior.

El Tribunal de Justicia Administrativa en todos ellos, determinó que en virtud de que el titular y demás funcionarios de la Auditoría Superior del Estado eran “encargados de despacho”, carecían de facultades para actuar primero en las auditorías practicadas y después determinando si, con las conductas cometidas imputables a los presuntos responsables procedía dar vista a este Tribunal para la aplicación de sanciones, resolviendo que era nulo todo lo actuado dentro de los expedientes administrativos, liberando a los señalados de cualquier responsabilidad.

Recordemos que algunas magistradas y magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa fueron designados por el Congreso del Estado, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo que en su momento privilegió a sus amigas, amigos y colaboradores cercanos para que ocuparan las magistraturas, por lo cual, en la mayoría de los expedientes que la ASEN presentó ante este Tribunal, estaban implicados una serie de servidores públicos de primer nivel, tanto de Ney González como Roberto Sandoval y Antonio Echevarría García.

En la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit ha sufrido diversas reformas preferentes a las facultades y obligaciones del Tribunal de Justicia Administrativa, así como se integra el mismo. La última de estas reformas fue en el cuatrienio anterior derivado a que, de tres magistrados, los aumentaron a siete, dividiendo el pleno del Tribunal en salas y otorgándoles a la magistrada y magistrados propuestos por Antonio Echevarría García para ocupar precisamente la sala cuya responsabilidad es aplicar las sanciones a quienes hayan cometido actos y omisiones sancionadas como graves.

En virtud de que el Tribunal de Justicia Administrativa había determinado que no sancionaría a servidores públicos considerando que el titular y diversos directores de área de la ASEN no actúan como propietarios, sino como “encargados de despacho”. El titular de la Dirección Investigadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Auditoría acudió ante la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia alegando que el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa carecía de facultades para resolver sobre la competencia o no de los integrantes de la Auditoría, ya que no pueden conocer sobre la legitimidad de los funcionarios públicos porque ellos no lo autoriza el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando el apelante que este Tribunal también había transgredido los artículos 16 y 17 de la Carta Magna.

La sala constitucional declaró fundados los agravios expresados por los representantes de la Auditoría Superior del Estado, resolviendo entre otros puntos que era un exceso que se declararan nulos en su totalidad los procedimientos administrativos sancionadores, por lo que ORDENÓ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DEJARA INSUBSISTENTE LAS SENTENCIAS QUE IMPEDÍAN QUE SE SANCIONARA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMETIERON FALTAS GRAVES, ORDENÁNDOLES QUE SIGUIERAN CON LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES CONFORME A LA LEY GENERAL DE LA MATERIA.

Lo anterior no ha quedado impune ya que, tanto la ASEN como el Órgano de Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa determinó iniciar procedimiento de responsabilidad en contra de las magistradas y magistrados ya que existen indicios suficientes para suponer que la verdadera intención de estos era proteger a los colaboradores de los últimos gobernadores. La primera consecuencia de lo anterior, la magistrada de nombre Catalina “N” presentó su renuncia y se está en espera que se solicite juicio político contra las magistradas y magistrados para despojarlos del fuero constitucional que les asiste y así someterlos a los procedimientos administrativos y penales que determinarán si cometieron algún delito o deberán ser sancionados administrativamente.

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