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Pancho Sandoval

Nayarit

INVESTIGAN A EX FUNCIONARIOS DEL ANTERIOR CUATRIENIO POR IRREGULARIDADES EN EL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS INSTALADOS EN LA PANDEMIA

Una vez que se decretó por el Gobierno de la República la pandemia de covid-19 a la mitad del periodo como gobernador de Antonio Echevarría García, el Gobierno del Estado de Nayarit implementó una serie de medidas y acciones para apoyar tanto en la salud, como en la alimentación a los nayaritas, ya que recordemos que se paralizó la economía durante varias semanas.

Una de los programas más exitosos llevados a cabo por el gobierno de Echevarría García fue relativo a la instalación de una serie de comedores comunitarios, en los cuáles, se servían alimentos calientes a quien lo solicitara. Bastaba que las personas se acercaran a estos “comedores o cocinas comunitarias” para recibir una ración de sopa, guisado, verdura, proteína y agua fresca.

Estos comedores o cocinas comunitarias entraron en funcionamiento en diversas zonas de Tepic, como en algunos municipios, siendo estas la Col. Zitacua, Col. Las Flores, 2 de Agosto, Tierra y Libertad; 2 de ellos en Xalisco; otro más en San Blas, por mencionar algunos de estos. Cada comedor tenía un responsable y los alimentos en su mayoría eran cocinados y servidos por personal del ICATEN, CONALEP y diversas dependencias.

Los alimentos e insumos indispensables para elaborar las más de mil raciones que en cada comedor se entregaban a las personas eran producto de múltiples donaciones efectuadas por empresas, organizaciones civiles, negocios, personas físicas y morales, tales como: Alpera, Fruxo, Ingenio del Molino, un poblado denominado Guadalupe de Capilla (que donó toneladas de carne de puerco), Lala, Fundación Álica, ASEN, Tribunal Superior de Justicia, Congreso del Estado, Ayuntamiento de Tepic.

Todas estas donaciones se concentraban en 2 centros, uno ubicado en el DIF Estatal, y otro en Bodegas del ICATEN.

Dentro de la investigación iniciada por las autoridades fiscalizadoras del estado derivado de las observaciones de la entrega-recepción, se han encontrado indicios que permiten suponer que dos de los principales responsables de estos comedores o cocinas comunitarias que eran Abel Orozco García, ex director del DIF Nayarit; y Antonio Riojas Meléndez, ex director de turismo; operaron irregularmente los mismos, ya que se hicieron pasar donaciones como compra de alimentos, o se dispusieron de las donaciones para otros fines.

Cada comedor, o cocina comunitaria, tenía destinado semanalmente la cantidad necesaria de granos, legumbres, frutas, cereales y proteínas para elaborar las raciones. Estas se entregaban directamente de los centros de acopio y eran adquiridas con recursos públicos, pero existía la instrucción que primero se utilizaran las donaciones para abastecerlos.

En las diversas carpetas, procedimientos administrativos y auditorías que se están practicando, han encontrado que no existe un listado confiable de las donaciones recibidas, ingreso y salida de los centros de acopio, y su utilización en la elaboración de las raciones en las cocinas comunitarias. Tampoco existe un control básico que debió llevarse respecto a las compras de los insumos realizadas con recursos públicos, así como álbumes fotográficos, actas, y la documentación indispensable que acreditara que efectivamente se elaboraron los alimentos y se entregaron a las personas beneficiadas; tampoco se ha encontrado qué, cómo y cuándo recibían estos comedores los insumos y las cantidades de los mismos, expresadas en kilos o litros, y el rendimiento de cada uno de estos en la elaboración de las raciones.

Al parecer, los responsables de este programa disponían libremente sobre la adquisición de alimentos y artículos que eran utilizados en estas cocinas, mismos que cada semana cambiaban. Una semana se pedían, por ejemplo, 100 kilos de arroz, y la otra 150 kilos; siendo que en la documentación que forma parte de la entrega-recepción, se señalaron un promedio de 1,000 raciones al día.

Una vez concluidas las investigaciones de los entes fiscalizables, de existir elementos suficientes, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, se emitirán observaciones en las auditorías y se iniciarán procedimientos administrativos resarcitorios.

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