La ONU afirma que el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo pues genera riesgos tales como alteraciones meteorológicas que afectan la producción de alimentos, incrementos del nivel del mar que causan inundaciones catastróficas, entre otros.
Para desacelerar el calentamiento global, por debajo de 2°C (ONU), los gobiernos han firmado acuerdos internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, el Protocolo de Kyoto de 1997, y el Acuerdo de París y la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de 2015.
Principalmente se requiere una transición en los sistemas energético, terrestre, urbano y de infraestructura mediante inversiones, públicas y privadas, en acciones de adaptación y mitigación, nuevos instrumentos de política pública, la aceleración de la innovación tecnológica y cambios de comportamiento social. Por ejemplo, de aquí a 2050, en energía se requieren invertir anualmente 830,000 millones de dólares aproximadamente para atender el calentamiento a nivel mundial (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático).
Los países desarrollados se comprometieron en el Acuerdo de París a movilizar inversiones públicas con objetivos climáticos. Al respecto, de conformidad con el Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión Europea elevó el gasto en objetivos climáticos del 20% del presupuesto de la Unión Europea, en el periodo 2014-2020, al 25% para el periodo 2021-2027.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) participó en la Asamblea Virtual del Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente (WGEA) de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), celebrada del 19 al 21 de enero de 2021, en la sesión dedicada al financiamiento para atender el cambio climático.
En la reunión, en representación de la ASF expuse que, si bien a nivel global se ha observado un aumento de las inversiones en financiamiento climático (ver gráfica), se advierten dificultades para que el flujo de recursos crezca de manera suficiente y sostenible para atender el problema de manera efectiva.
En el panel, las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Estados Unidos, Finlandia y México, así como el Tribunal de Cuentas Europeo, coincidieron en que existen dificultades para consolidar sistemas de evaluación del desempeño, con indicadores de resultados sólidos, que vinculen a éstos con las estructuras programáticas y el gasto y su ejercicio, a fin de dotar de mayor trazabilidad a los recursos que la sociedad invierte para atender el cambio climático.
Asimismo, se ha detectado la falta de una definición universal sobre qué es y cómo se compone el financiamiento climático y la ausencia de metas de financiamiento institucionales por país.
Las entidades fiscalizadoras superiores deben vigilar que las inversiones que atienden el cambio climático cuenten con una planeación estratégica, programática y presupuestaria adecuadas, acompañadas de una mayor gobernanza y de procesos de control, monitoreo, evaluación y de rendición de cuentas, a fin de garantizar una articulación suficiente entre los entes públicos que, de manera transversal, participan en este tipo de acciones institucionales.
Fuente: El Financiero
